Díaz Polanco El gran incendio

La rebelión de Tehuantepec
1. Auflage 2023
ISBN: 978-607-16-7693-1
Verlag: Fondo de Cultura Económica
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Spanisch, 228 Seiten

Reihe: Historia

Con base en una profunda investigación, Héctor Díaz-Polanco realiza una narración sobre las rebeliones indígenas en el Istmo de Tehuantepec durante 1660. Relata el contexto sociopolítico de la época, en el cual la región se ve sumida en corrupción y abusos, lo cual suscitó un levantamiento de parte de las comunidades afectadas. Presenta personajes clave en estos sucesos, quienes llevaron a cabo una violenta represión que finalmente acabó con la rebelión. Sin embargo, el fuego no se extinguió en el espíritu de los insurrectos, quienes hasta nuestros días siguen luchando por su autonomía política.

Héctor Díaz-Polanco es maestro en antropología social y doctor en sociología. Se desempeña como profesor e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Ha sido acreedor de diversos reconocimientos como el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2016, por la obra El jardín de las identidades, y el Premio Casa de las Américas en 2008.

Autoren/Hrsg.

Díaz Polanco, Héctor

Leseproben

INTRODUCCIÓN

I

En 1660 estallaron rebeliones contra la autoridad de los alcaldes mayores y corregidores en varias provincias del Obispado de Oaxaca. Los más altos funcionarios virreinales, ciertos miembros del clero, así como los oficiales españoles que intervinieron en algún momento en la resolución de los alzamientos que se iniciaron en el Istmo de Tehuantepec, percibieron la rebeldía de los indígenas como un fuego malévolo y retador que se había apoderado del espíritu de los nativos, y los acontecimientos como un incendio que podía extenderse por toda Nueva España.1

Uno de los personajes más activos antes y durante la represión de aquellos alzamientos indígenas, Juan de Torres Castillo, a finales del año mencionado, escribió al flamante virrey conde de Baños (designado en medio de la vorágine):

[…] que habiendo perdido [los pueblos] el respeto a las justicias y cometido tan atroces delitos y quedándose sin castigo, cada día los cometerán y no será fácil después quitarlos, respecto de que este fuego de la inobediencia está entre todos los indios de la Nueva España tan repartido, ocasionado del suceso de Tehuantepec.

Y puesto que las comunidades involucradas no han recibido el castigo que merecen —agrega el peninsular con impaciencia— “siempre se podrá temer, no remediándolo con tiempo y brevedad”, que después sea muy difícil poner freno a tal espíritu de insubordinación.2 En el mismo documento, como alcalde mayor recién nombrado de la provincia de Nexapa, Torres Castillo pide instrucciones sobre lo que ha de hacer si descubre en las demás jurisdicciones del Obispado de Oaxaca “algún fuego de las inquietudes pasadas que ha cundido a otras partes”.3

A su vez, el padre provincial de los dominicos, fray Francisco de Navarrete, quien se trasladó a Nexapa con el objeto de suavizar los conflictos que allí tenían lugar, atendiendo a una solicitud que le hizo el virrey duque de Alburquerque a finales de mayo de 1660, considera que las intenciones de reprimir a las comunidades, expresadas públicamente por el alcalde mayor Juan Antonio de Espexo después de los sucesos en esa provincia, creaban una situación muy peligrosa, pues tal designio “de ejecutar [en los indios] su furor” pasaría naturalmente “como fuego de pueblo en pueblo”.4

En un momento en que parece que bajan las tensiones en Nexapa y se apacigua la región, el intranquilo y esperanzado duque de Alburquerque se congratula de que “se apaga el incendio que empezaba”.5 Pero el fiscal de la Sala del Crimen de México, en contraposición con esta visión y en la misma línea dura frente a los indios insurrectos que asume Torres Castillo, señala al virrey “que se puede temer que la centella que se ha levantado entre ellos, si luego no se extingue con el pronto remedio y castigo, ocasione un grande incendio en aquella provincia y en las demás de naturales”.6

Tal percepción de los hechos, como un fuego que amenaza con abrazarlo todo, está en correspondencia con el grave reto que representa para los intereses de un sector del bloque dominante —cuya composición se examina en el cuerpo de esta obra— una rebeldía que obstaculiza la plena realización de los negocios ilícitos y el ejercicio del poder despótico en las etnorregiones novohispanas. La autoridad ilimitada de ese grupo, que desafiaban los indios rebeldes, era la condición para aquellas prácticas económicas extralegales.

La autonomía que reclamaban los pueblos indios y cuyo desprecio sistemático había sido la causa fundamental de los actos de insubordinación, chocaba en contra de los hábitos instaurados por los funcionarios provinciales en complicidad con las más encumbradas autoridades del reino. Buena parte de los criollos y algunos peninsulares que no estaban involucrados en esos manejos —como el obispo de Oaxaca y los comerciantes de la región a quienes el proceder de alcaldes mayores, corregidores y sus socios urbanos causaba grandes perjuicios— no vieron la rebeldía de la misma manera. Pero como fue el primer sector el que a fin de cuentas impuso su voluntad, favorecido por condiciones estructurales firmemente establecidas que incluso rebasan a las fuerzas locales, la solución adoptada consistió en ahogar drásticamente el fuego de la inobediencia y combatir con medidas drásticas (horca, prisión, azotes y destierros) el incendio que podría avivarse aún más.

II

Para valorar la importancia de esos acontecimientos, ante todo hay que tomar en cuenta que el Estado español logró instaurar en sus posesiones coloniales de América un régimen que causa asombro por la relativa estabilidad sociopolítica que consiguió a lo largo de tres centurias. Esto resulta más admirable si consideramos el fundamento discriminatorio y desigual en que se asentó el sistema; el duro régimen de trabajo que impuso a las inmensas capas subalternas de la población (en especial a los pueblos de indios); los innumerables mecanismos de explotación (en su mayoría extralegales) que propició y, en fin, las tremendas asimetrías sociales que se fueron construyendo en su seno. Con el eficaz auxilio de la Iglesia, de una capa indígena convertida en “nobleza” subordinada y al servicio de la minoría española, así como de otros mecanismos de dominación que transformaron sustancialmente el antiguo mundo aborigen y pese a todo generaron nuevos espacios de consenso, el gobierno de la Nueva España recurrió escasamente al uso de los ejércitos para el control de los pueblos de indios.

A su vez, esto está correlacionado con el número relativamente reducido de ocasiones en que el grupo que tenía más agravios pendientes de solventar (la población india) se levantó contra la opresión y la explotación, poniendo en verdadero peligro el sistema colonial mismo. Sin duda, la resistencia de los pueblos indios fue heroica y persistente, prolongándose más allá del periodo colonial. Pero en términos generales, tal resistencia no logró articularse en proyectos capaces de trascender —por sus contenidos políticos y metas— las fronteras locales o regionales, ni mucho menos como acción conjunta de las etnias subyugadas contra el régimen de dominación. Así las cosas, ya asentado el orden español, el gobierno no se vio obligado a mantener grandes concentraciones de tropas con el fin de controlar a los pueblos de indios. Y cuando ocurrieron motines o rebeliones se activaron, en primer término, mecanismos de persuasión o instrumentos consensuales que daban un cauce institucional a los conflictos, a veces combinado con la acción de fuerzas relativamente pequeñas que, por lo general, eran organizadas apresuradamente para el efecto.

Por todo ello, el caso de las rebeliones indias —que se iniciaron el 22 de marzo de 1660 en la ciudad de Guadalcázar, provincia de Tehuantepec— reviste un enorme interés. No sólo se trató de movimientos sociopolíticos extendidos por provincias enteras, en los que se involucraron centenares de pueblos pertenecientes a diferentes etnias, sino además de un vigoroso alzamiento que puso en cuestión las formas de dominio y explotación que en aquel momento funcionaban como la columna vertebral del sistema en las etnorregiones y particularmente en el sur del reino.

En tal sentido, la “rebelión de Tehuantepec” (así designada tradicionalmente en referencia a su epicentro generador) es justamente reputada como la más importante jornada contra la opresión durante el siglo XVII novohispano, y como un hito de los innumerables combates que, por su autodeterminación, realizaron los pueblos a lo largo de todo el periodo colonial. Los indios rebeldes de las comarcas sureñas protagonizaron uno de los momentos cumbre de las luchas proteicas que finalmente culminarían con la independencia de nuestro país. Y por una ironía de la historia, sobre todo a partir del triunfo de los sectores liberales en el marco de la vida nacional, cobrará fuerza un nuevo ciclo de rebeliones —realizadas por los descendientes de quienes protagonizaron aquella gesta— contra los designios de los dirigentes del Estado-nación que, en algún grado, los indios contribuyeron a engendrar. Este episodio de larga duración no llega a su fin.

Aunque como norma las comunidades no levantaron un plan directamente impugnador del poder real, esbozaron los principios de un proyecto de autonomía en los términos de aquella coyuntura histórica que, por sí mismo, encerraba un alto contenido subversivo frente a las condiciones reinantes.7 El carácter revolucionario de aquellas demandas autonómicas derivaba del hecho mismo de que la evolución que había alcanzado el sistema colonial, a mediados del siglo XVII, no permitía asimilar cambios de tal amplitud.

¿De qué demandas se trataba? Se pueden señalar, sintéticamente, tres reivindicaciones principales. En primer lugar, los indígenas reclamaban el cese de las prácticas comerciales que realizaban los alcaldes mayores y corregidores, generalmente conocidas como repartimientos, en perjuicio de las comunidades y contraviniendo las leyes y ordenanzas reales. En segundo término, los pueblos reivindicaban el derecho a elegir libremente las autoridades de sus “repúblicas”, sin la intromisión de los gobernadores provinciales. En tercero, los nativos aspiraban a que fueran suspendidas las diversas formas extralegales de despojo de sus excedentes —aparte del repartimiento— practicadas por los gobernantes locales, los funcionarios menores y sus allegados, como cobros excesivos o indebidos, imposición de multas, etcétera.

Cada una de estas...