Álvarez Tardío / Villa García El precio de la exclusión

La política durante la Segunda República
1. Auflage 2011
ISBN: 978-84-9920-566-3
Verlag: Ediciones Encuentro
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Spanisch, 320 Seiten

Reihe: Ensayo

La Segunda República continúa suscitando enorme interés en la política y la sociedad española. Sin embargo, las claves políticas del régimen republicano siguen siendo en gran medida desconocidas: ¿Qué concepción de la democracia proyectaron los fundadores de la República? ¿Por qué dio alas a quienes propiciaban una política de exclusión y marginó a los moderados? ¿En qué medida la polarización y la violencia políticas fueron consecuencia de determinadas leyes? ¿Cómo reaccionaron los conservadores y cómo contribuyeron a las lógicas de exclusión? ¿Qué efectos tuvo el acceso al voto de las mujeres? ¿Hubo una verdadera separación de poderes? ¿Qué papel jugaron las diferentes facciones políticas durante la República? El precio de la exclusión ofrece una interpretación global de la relación entre partidos, elecciones, movilización y violencia política durante esta época fundamental de la reciente historia de España.

Manuel Álvarez Tardío, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, es Profesor Titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado numerosos trabajos científicos sobre la vida política durante la Segunda República y la Transición a la democracia después del franquismo. Entre otros, destacan sus dos libros: Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión durante la Segunda República (2002) y El camino a la democracia en España. 1931 y 1978 (2005). Ha sido investigador invitado en las universidades de Tufts (Boston), París IV-París Sorbonne y Wisconsin-Madison.

Autoren/Hrsg.

Álvarez Tardío, Manuel

Villa García, Roberto

Leseproben

PRESENTACIÓN

La Segunda República española, proclamada el 14 de abril de 1931, es, por diferentes razones, uno de los momentos más estudiados de nuestra historia contemporánea. Su vida fue corta, pero fascinante a la vez que dramática. Sin esos cinco años apenas se entiende nada de lo ocurrido en las cinco décadas siguientes, desde la guerra civil hasta la transición a la democracia en los años setenta. Ha sido objeto predilecto de estudio de los historiadores, junto con la propia guerra. Tanto interés no es extraño; todo lo contrario. Es el resultado de un lógico afán por comprender las causas inmediatas de ese conflicto civil. Un conflicto largo y cruento que marcó durante décadas el destino de la libertad en España y la marginó del camino a la democracia recorrido por otros países europeos después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta una historia muy popularizada de la España contemporánea que, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siguiente, ésta no pudo incorporarse a la modernidad europea y al desarrollo económico con la misma fuerza y a la misma vez que sus vecinos del norte. Asegura, también, que varios procesos que resultaron ser un éxito en otros países, aquí terminaron en fracaso o no concluyeron con los resultados esperados, tales como la manida revolución industrial o la polémica revolución liberal. Mientras otros caminaban por la senda del éxito, a España le habría tocado la del fracaso, convirtiéndose en un país de segunda categoría en la Europa de las democracias y el capitalismo. La excepcionalidad española habría consistido en un alejamiento de los procesos ocurridos en otros países modernos. Ésta habría sido el resultado de varias circunstancias: la persistencia del antiguo régimen y la debilidad del Estado liberal en la España del XIX; la escasa legitimidad de las instituciones políticas y la consiguiente desconfianza hacia el poder de los ciudadanos, predispuestos así a la corrupción y a la evasión fiscal; la falsedad del régimen representativo, con unas elecciones fraudulentas y unos caciques que campaban a sus anchas por todo el país; la miopía de los grandes propietarios agrícolas; o el egoísmo, en general, de unas clases pudientes que lograron parasitar el Estado y forjar una oligarquía que, apoyada en el Ejército, sostuvo a la Corona para impedir que la libertad penetrara en todos los rincones de la vida pública.

Ciertamente, tanto en el mito del fracaso como en la literatura regeneracionista que tanto hizo por alimentarlo hay unos cuantos elementos de verdad. La economía española no logró entrar en un círculo virtuoso tan rentable como el de las economías del norte de Europa. Los obstáculos a que se enfrentaron los reformistas liberales del siglo XIX fueron amplios y a veces más resistentes que en otros países. La Monarquía no siempre dispuso de sus mejores titulares en los momentos de crisis. Las fuerzas de la revolución, derrotadas sin miramientos al norte de los Pirineos, supusieron un desafío constante para la estabilidad del Estado constitucional español. Los partidos de notables de la política liberal no encontraron un cauce de reforma adecuado para impulsar una transición gradual hacia un sistema de competencia democrática. Aunque se reconoció el sufragio universal masculino, la competencia en los distritos se abrió paso lentamente y no hubo suficientes incentivos exógenos para que esa situación evolucionara más rápidamente. Los servicios públicos fundamentales prestados por los Estados modernos, como la educación o los sistemas de previsión social, aunque empezaron a la par que en otros países, no contaron con una Hacienda reformada y preparada para afrontar la política de gasto del siglo XX.

Sin embargo, muchos de esos problemas no fueron particulares del caso hispano, ni siquiera sólo de los países mediterráneos, en los que se siguió una pauta de modernización económica diferente. El Estado español no era esa caricatura de institución corrompida y nada representativa que popularizó el discurso regeneracionista. Por su parte, la sociedad española no estaba irremediablemente predispuesta a la manipulación, el engaño y el atraso. Después de una traumática transición al parlamentarismo liberal y no pocos problemas derivados del exclusivismo, a partir de 1876 se consolidó un régimen constitucional que permitió varias décadas de paz, estabilidad y moderado desarrollo.

La situación empezó a complicarse durante la segunda década del siglo XX, a la par que una importante crisis de valores y otros desafíos de orden ideológico tenían lugar en la Europa de entreguerras. En ese momento se bloqueó en España la puerta que podría haber conducido a una democratización gradual del sistema, sin rupturas bruscas ni violencias. Y se cerró definitivamente en septiembre de 1923, cuando Alfonso XIII permitió que un general interrumpiera la normalidad constitucional y jugara a ser el cirujano de hierro de una nación supuestamente enferma. La dictadura de Primo de Rivera modificó por completo la política española, imposibilitando que la Monarquía actuara como institución moderadora en un proceso de democratización y devolviendo al campo republicano un protagonismo que no había sabido ganarse por méritos propios. El anhelo de libertad y progreso se fue haciendo cada vez más inseparable de la idea del cambio de régimen, aun cuando los republicanos seguían divididos y se mostraban incapaces de precisar el contenido de la futura democracia. Finalmente, en abril de 1931, la revolución republicana, prestigiada por el apoyo de antiguos monárquicos liberales, derribó la Monarquía e inauguró un tiempo nuevo. Había llegado el momento de hacer algo más que criticar o descalificar a las instituciones caídas. Desde la óptica de sus fundadores, era la oportunidad de romper con el maleficio de la anormalidad española y situar al país en el camino de la modernidad y el progreso.

Sin embargo, la gestión de quienes llegaron al poder en 1931 para cambiar esa historia negativa y conducir a España, ya sin rey, por la senda de la modernidad, no produjo los resultados esperados. Como es sabido, la difícil historia de la democracia en la España de entreguerras no fue una excepción dentro de una Europa pacífica, estable y próspera. Al contrario, tuvo lugar en pleno apogeo del fascismo italiano, los totalitarismos nazi y comunista y un sinfín de dictaduras autoritarias, con las democracias supervivientes en estado de extrema debilidad y en un contexto económico internacional nada favorable. Pero la quiebra de la democracia republicana y la guerra civil subsiguiente no fueron, sin más, resultado de lo que ocurría al otro lado de las fronteras. Tampoco fue el fruto de una irremediable corriente de la historia que condujera a los españoles al abismo, como pueblo condenado a padecer la ausencia de toda libertad. Al contrario, el abismo podría haberse evitado y la democracia podría haber funcionado. Los responsables de ese fracaso tuvieron nombres y apellidos, bien fueran personas, partidos, sindicatos, asociaciones patronales, instituciones religiosas... Nada ocurrió por casualidad, aunque el final podía haber sido diferente.

Lo sorprendente es que aquella República que llegó con la promesa de transformar radicalmente la política y la sociedad española en un sentido democrático, diera paso al período más siniestro de la historia contemporánea de España, primero, con una guerra civil que provocó medio millón de muertos y dejó al descubierto las peores consecuencias de los fanatismos ideológicos; y segundo, con una dictadura que trató a la sociedad española como un adolescente perpetuo, irresponsable e inmaduro, incapaz de vivir en libertad. Quien de verdad hizo cierto el mito del fracaso fue el régimen de Franco. La verdadera excepción —y el drama— de la historia contemporánea de España fue que tras haber sido protagonista de las revoluciones liberales, haber gozado de décadas de régimen representativo, aunque fuera en el marco de la política de notables, haber consolidado un Estado constitucional y haber experimentado una modernización similar a la de otros países de su entorno, tuviera que soportar durante cuatro décadas una dictadura. Ahora bien, no parece que ésta surgiera de las profundidades de la reacción para destruir una España que estuviera disfrutando de una democracia consolidada, es decir, donde predominara una cultura política liberal y la mayoría de los partidos asumieran los costes de la alternancia pacífica en el poder. El déficit de legitimidad de la democracia republicana, la fortaleza de las actitudes políticas contrarias al pluralismo, la presencia insoportable de una violencia política constante, el desafío permanente de un discurso de la revolución social, la renovada fortaleza de un conservadurismo tradicionalista y autoritario, la debilidad de los liderazgos concretos..., todos esos factores estuvieron en la base de los problemas que impidieron la construcción y consolidación de una democracia pluralista en la España de los años treinta.

Aunque sus fundadores explicaran la llegada de la República como la inauguración de un tiempo nuevo y una revolución política más profunda que el simple cambio de la forma de gobierno, España y los españoles no nacieron de nuevo aquel 14 de abril. Sus creencias, sus ideas, sus hábitos de comportamiento político, sus virtudes y sus vicios en su relación con el poder, sus costumbres, sus gustos, sus preocupaciones laborales, sus economías domésticas... no iban a transmutarse sólo porque el titular de la Corona se hubiera exiliado y los nuevos...