Porcher Mi diccionario de economía

Entender, posicionarse, debatir
1. Auflage 2024
ISBN: 978-607-16-8345-8
Verlag: Fondo de Cultura Económica
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Spanisch, 278 Seiten

La economía y los conceptos que se utilizan para describirla están por todas partes. Los medios de comunicación bombardean a sus audiencias con jerga económica constantemente. Se usan términos como 'gasto público', 'mercado', 'evasión fiscal', 'austeridad presupuestaria', 'déficit comercial', etc. Con todo, pocas personas podrían definir estos conceptos si se les pidiera explicarlos y este desconocimiento se ve reflejado en las pésimas decisiones que toman los políticos. Por ello, Thomas Porcher propone remediar este vacío de conocimiento con este diccionario, en el que explica nociones económicas de manera clara y puntual. Dirigido a todo público, se busca que el contenido permita a los lectores entender, pensar de forma crítica y elaborar argumentos para tener voz en el debate de las políticas económicas de su país.

Thomas Porcher (Drancy, 1977) es doctor en economía por la Université Panthéon-Sorbonne. Es miembro de la asociación de economistas franceses Les économistes atterrés. Actualmente es profesor en la Paris School of Business. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Tratado de economía herética (FCE, 2023), Les Délaissés (2020), Macron, un mauvais tournant (coautor, 2018) e Introduction inquiète à la Macron-économie (coautor, 2016), entre otros.

Autoren/Hrsg.

Porcher, Thomas

Leseproben

AAA (TRIPLE A)

Evaluación conferida por agencias de calificación. La triple A forma parte del vocabulario específico del mundo de los bancos que apareció en el debate público después de la crisis de 2007, al igual que subprime o “agencias de calificación”. Para el ciudadano no siempre era fácil ubicarse en ellos. La triple A es una apreciación otorgada por una de las agencias de calificación, entre las que las tres principales son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Estas tres grandes agencias (que tienen un monopolio de casi la totalidad del mercado de la calificación) tienen como función producir apreciaciones sobre el valor de los títulos financieros, tanto privados como públicos, para la comunidad financiera. Estas valoraciones, positivas o negativas, no carecen de consecuencias en la vida de un título. Un producto financiero o un título de deuda soberana pueden verse sumidos en una tormenta si pasan de la triple A a letras de desclasificación como la C. En este contexto, para volver a ganarse el favor de los inversionistas en materia de deudas públicas o incluso, de manera preventiva, evitar la degradación de su calificación, los Estados a menudo toman medidas como ahorrar en los gastos (la salud, las pensiones, etc.) o hacer reformas estructurales al mercado laboral (como las leyes del trabajo en Francia). Esto fue lo que ocurrió durante la crisis de las deudas soberanas en Europa entre 2011 y 2013, cuando los Estados de la zona euro temían que su calificación se degradara y las tasas de interés de su deuda pública se dispararan, lo cual volvería más costoso el préstamo sobre los mercados financieros y más significativo el riesgo de impago. El caso de Grecia fue emblemático. Desde el comienzo de la crisis, en el otoño de 2009, este país tenía la calificación A–. Su rápido descenso hacia los bajos fondos de la clasificación financiera provocó un aumento del costo del financiamiento de su deuda pública. El país tuvo que poner en práctica una austeridad acompañada de reformas estructurales para recobrar la confianza de los mercados.

En enero de 2012, cuando Francia perdió su triple A, muchos expertos hablaron de una “catástrofe” e invocaron la aceleración de las reformas para evitar un escenario similar al griego. Pero la situación financiera de Francia no se degradó. Lo mismo ocurrió cuando los Estados Unidos perdieron a su vez su triple A. Parece que los países ricos son menos sensibles a las calificaciones. Al mismo tiempo, unas calificaciones son relativas a las demás y los buenos alumnos se mantienen a la cabeza de la clasificación, incluso con una nota degradada. Bajar las calificaciones de la primera o la sexta potencia mundial no impide que los actores financieros recurran a sus títulos de deudas soberanas, que, en comparación, siguen siendo mucho más interesantes que los de la mayoría de los países.

En resumen, la triple A es una calificación que se inscribe en la dinámica de la evaluación permanente del desempeño. Se trata del juego de la competencia que lleva a evaluar absolutamente todo y después realizar clasificaciones. Como cualquier calificación, depende de los criterios del corrector. Si el corrector cree en la autorregulación de los mercados financieros, entonces es capaz de ponerles la mejor calificación a paquetes de créditos que contienen subprimes. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El resto, ya lo conocemos: la mayor crisis financiera desde la de 1929.

Véase: Crisis de las deudas soberanas (o crisis de la zona euro), Crisis de las hipotecas subprime, Destrucción de la economía griega, Reformas estructurales.

ACCIONISTAS

Rentistas que ponen su dinero y cobran la mayoría de las ganancias generadas por las empresas. Con el poder creciente de la financiarización de la economía, se volvieron aquellos a quienes hay que satisfacer primero, lo cual tiene consecuencias no solamente en las condiciones de los asalariados, sino también en la inversión y, por lo tanto, en el futuro de las empresas.

Los accionistas, y sobre todo un número reducido de fondos de pensiones y aseguradoras, eligen las empresas en función de las ganancias que pueden esperar. Para atraerlos, los Estados crean reglamentos que les son favorables, como una fiscalidad débil o una mayor flexibilidad del mercado laboral. En el interior de la empresa, el papel del gerente consiste más en asegurar una ganancia suficientemente interesante para los accionistas en el corto plazo (su ingreso depende de ello) que en realizar inversiones que sólo tengan impacto en el mediano o largo plazo. Los accionistas han sabido ligar su suerte a la de los gerentes por mecanismos hábiles como las opciones sobre acciones (stock options), de tal manera que el salario del gerente no sea más que un componente de su remuneración. Las opciones sobre acciones permiten asegurar a los accionistas que el gerente trabaje para ellos, ya que su ingreso depende de ello (cuanto más dinero ganen los accionistas, más elevadas serán las opciones sobre acciones y en consecuencia más elevado será el ingreso del gerente).

Este aspecto de la financiarización de la economía, en el que los fondos de accionistas están en busca de dividendos a corto plazo y tienen la capacidad de desligarse de una empresa para ligarse a otra, obliga a las empresas a buscar ganancias a corto plazo, lo cual pesa en los salarios al ignorar las inversiones a largo plazo (o al falsificar las esperanzas de ganancias sobre la inversión a largo plazo), y las obliga a cerrar establecimientos que a pesar de ser rentables generan muy pocas ganancias a corto plazo.

Finalmente, es un juego en el que pierden los Estados, las empresas y los empleados. Quienes ganan son los accionistas que se llevan más de 60% de las ganancias, al igual que los dirigentes cuyos ingresos aumentan con fuerza. En Francia, la remuneración promedio de los dirigentes del CAC 40 es 250 veces más elevada que el salario de los empleados menos calificados.5

Véase: Finanzas, Flexibilidad del mercado laboral, Libre circulación de capitales.

ACUERDO DE PARÍS

Acuerdo que compromete a todos los países a alcanzar el objetivo de limitar a 2 °C, incluso 1.5 °C de ser posible, el aumento de la temperatura desde este momento hasta el final del siglo. Después de los fracasos sucesivos de las COP (conferencias de los Estados que lo firmaron), el Acuerdo de París fue celebrado por todos. Pero, ante todo, era una victoria diplomática, pues el texto está vacío. Es cierto que desde las primeras líneas se dibuja un horizonte: permanecer por debajo de los 2 °C de aumento. Sin embargo, una vez que se especifica el objetivo, cualquier cosa que pudiera ofender los intereses de ciertos países o de las multinacionales fue cuidadosamente eliminada.

Por ejemplo, no figuran los términos “energías fósiles” que no obstante son las principales responsables del calentamiento global. Los transportes aéreos y marítimos tampoco se encuentran en el documento. No se impone ninguna obligación a los Estados Unidos (por miedo a que los Estados Unidos se rehúsen a ratificarlo, como ocurrió con el Protocolo de Kioto de la COP 3 en 1997). En lugar de comprometerse a objetivos numéricos que obliguen a reducir las emisiones de CO2, los Estados deben comprometerse a tomar medidas a nivel nacional y a comunicarlas de manera regular. El aspecto obligatorio se reduce entonces a los comunicados sobre sus objetivos en términos de la lucha contra el cambio climático, en espera de que la comunidad internacional y el público en general —según el principio del juego de señalar y avergonzar— presionen a los países cuyos esfuerzos parezcan insuficientes. Pero este juego de presión sobre los malos alumnos no puede funcionar a menos que ciertos países tomen medidas radicales. Ahora bien, como sabemos, en este tema presenciamos más bien una política de pequeños pasos (véase Escépticos del cambio climático). A fin de cuentas, el texto del Acuerdo de París (que supuestamente salvará al planeta) cuenta tan sólo con unas 40 páginas. A manera de comparación, el acuerdo de libre comercio entre Europa y Corea del Sur cuenta con más de 1 800. Para nuestros dirigentes, el comercio internacional claramente es más importante que el clima.

Véase: Escépticos del cambio climático, Negación ante el cambio climático, Energías fósiles.

ASPIRADORAS DE INMIGRACIÓN

Teoría de la extrema derecha sin ningún fundamento académico que explica que un extranjero que vive en un país pobre o en guerra conoce mejor el modelo social que un francés (en la misma Francia, un tercio de las personas que pueden recibir el ingreso de solidaridad activa [RSA, por sus siglas en francés] no lo solicitan) y estaría dispuesto a arriesgar su vida (atravesando el Mediterráneo en una embarcación precaria) para beneficiarse de éste. Esta teoría demuestra un completo desconocimiento del funcionamiento del modelo social y atribuye a los inmigrantes las consecuencias de los diversos ahorros en el gasto público. En vez de poner en tela de juicio la austeridad presupuestaria, ofrece un culpable ideal: el inmigrante.

Sin embargo, Francia no es el país abierto que algunos pretenden que es. Por ejemplo, para que un extranjero pueda beneficiarse del RSA debe contar con cinco años de residencia en Francia, y 10 años para...