E-Book, Spanisch, 144 Seiten
Reihe: Universidad
Rodríguez Izquierdo Ciudadanía activa y discapacidad intelectual
1. Auflage 2022
ISBN: 978-84-19312-95-2
Verlag: Ediciones Octaedro
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Spanisch, 144 Seiten
Reihe: Universidad
ISBN: 978-84-19312-95-2
Verlag: Ediciones Octaedro
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Rosa M. Rodríguez-Izquierdo. Doctora en Pedagogía por la Universidad de Sevilla y Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la misma universidad. Diplomada en Enseñanza en la Educación Superior por la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Profesora titular (acreditada a Cátedra) en el Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Coordinadora académica del programa de doctorado en estudios migratorios y directora académica del Grado de Educación Social. Su aportación científica y actividad académica se vinculan a la educación inclusiva, las actitudes de docentes hacia la diversidad y las prácticas relevantes y la relación entre desigualdades y educación. Ha sido becaria Fulbright y Fellow del Real Colegio Complutense en Harvard desde 2005. Ha participado en proyectos de investigación con equipos de diferentes países. Ha sido profesora visitante en universidades americanas, europeas y australianas. Directora del grupo de investigación de Estudios sobre Inclusión e Innovación Social y Educativa (GEIISE-SEJ-633).
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Sociedades inclusivas: formación para la ciudadanía activa de las personas con discapacidad
ROSA M. RODRÍGUEZ-IZQUIERDO
Universidad Pablo de Olavide (UPO)
1.1. Introducción
A pesar del incremento importante del acceso de las personas con discapacidad intelectual a la vida pública, las sociedades todavía constituyen entornos excluyentes para dichas personas. A menudo, las personas con discapacidad intelectual siguen estando limitadas en su derecho a la participación en los «asuntos públicos» (sociales, políticos y cívicos), donde su presencia sigue siendo testimonial en la determinación del «bien común» (Arneil, 2009). De ahí que una de las luchas más importantes en el movimiento de la discapacidad haya sido en pro de los derechos de las personas con discapacidad intelectual como colectivo con agencialidad (Soldatic y Johnson, 2020). En las últimas décadas, el movimiento se ha centrado en la construcción de «entornos menos restrictivos», poniendo el énfasis en la expresión «nada sobre nosotros sin nosotros» (Carey, 2009).
La participación es clave para el concepto de ciudadanía entendida como pertenencia a una comunidad política, uniéndose a otros para tomar decisiones que luego sean respetadas por todos y para lograr la verdadera libertad. De hecho, los ciudadanos/as solo son verdaderamente libres cuando participan en la configuración de las decisiones políticas que afectan a sus vidas (Crick, 2001). Sin embargo, en este momento, la preocupación por los niveles de participación no solo se centra en la aportación en el proceso político, sino también en una definición más amplia que abarca la intervención y la responsabilidad de las personas en sus comunidades locales (participación social y cívica), donde las personas con discapacidad intelectual tradicionalmente han sido silenciadas y relegadas al margen de la comunidad, que las ha situado como objetos pasivos para los que la sociedad tiene deberes de cuidado, y no como conciudadanos/as con iguales derechos (Donaldson y Kymlicka, 2016).
La pregunta es: ¿dónde están las personas con discapacidad intelectual en todos estos procesos de toma de decisiones? Mientras que a los gobiernos les preocupa que ciertos grupos sociales no estén cumpliendo con su papel como ciudadanos y que esto esté socavando nuestra democracia, las personas con discapacidad intelectual están más preocupadas por el hecho de que se les niega la oportunidad de ser ciudadanos activos y que esto también esté mermando sus derechos.
Para participar en la comunidad, las personas con discapacidad intelectual deben estar presentes en la comunidad y en los espacios de toma de decisiones, pero todavía existen muchas barreras para una participación real. En este sentido, desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) hemos implementado durante dos años un proyecto europeo Erasmus+ para la formación para la ciudadanía activa de las personas con discapacidad intelectual, denominado «Breaking barriers and building bridges (B4)», «Derribando barreras y construyendo puentes: Fortalecimiento de las competencias de ciudadanía activa y las habilidades de participación cívica entre los adultos jóvenes con discapacidad intelectual» (2020-1-ES01-KA204-081996).1 Dicho proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
Este capítulo tiene como objetivo producir nuevos conocimientos que permitan colaborar en el logro de la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Al investigar las condiciones sociales y políticas necesarias para hacer efectiva dicha participación, el capítulo adopta, por un lado, una comprensión multifacética de ciudadanía activa y, por otro, la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual desde una visión dinámica, funcional, interdependiente y positiva de la discapacidad (Abberley, 2008; Walker et al., 2011).
Finalmente, desde una perspectiva institucional y multinivel, el capítulo propone diferentes tipos de acciones tanto desde las entidades que trabajan en este sector como desde las entidades que luchan por hacer realidad los objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Proponemos que dichas entidades deben apoyarse mutuamente y estrechar la colaboración para mejorar la ciudadanía activa de las personas con discapacidad intelectual; proporcionamos una nueva perspectiva sobre cómo las entidades sociales pueden contribuir a trabajar por la realización de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sobre cómo las entidades en el sector de la discapacidad deben introducir programas de formación sobre la ciudadanía y el compromiso cívico en sus agendas y programas de trabajo. Al apuntar las posibilidades de una sinergia necesaria entre instituciones sociales en diversos niveles de acción, se pretende contribuir al conocimiento para hacer realidad las ambiciones de la «Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030»2 y la «Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». Según las Naciones Unidas (2015, p. 57):
Será necesario, de aquí al 2030, asegurar que todos los ciudadanos y las ciudadanas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Sin embargo, en la Estrategia 2021-2030 apenas se habla del derecho de la participación ciudadana, a excepción del derecho al voto en las elecciones políticas.
1.2. Derechos humanos, personas con discapacidad intelectual y ciudadanía activa
La Unión Europea (UE) promueve la inclusión activa y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad como un derecho, a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006). La Convención define la inclusión social como «el proceso de facilitar los términos de participación en la sociedad, particularmente para las personas desfavorecidas, a través de la mejora de las oportunidades, el acceso a los recursos, la voz y el respeto de los derechos». También afirma que las personas con discapacidad tienen derecho al pleno reconocimiento de sus derechos humanos, enfatizando su agencialidad y su derecho a participar en su autodeterminación individual y colectiva (Carey, 2009). Se trata de un imperativo europeo, entre otras cosas, porque las sociedades más igualitarias y sostenibles benefician a todas las personas (Donaldson y Kymlicka, 2016), independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra condición.
Merece la pena señalar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos creó un discurso de los derechos humanos de la discapacidad que empoderó a las personas con discapacidad y sus grupos de defensa para participar formalmente en el proceso de la Convención. Este rol oficial proporcionó a las personas con discapacidad intelectual la mayor voz en los asuntos públicos hasta la fecha (Harpur, 2012). No obstante, la eficacia del proceso de inclusión social en los Estados miembros de la Unión Europea para personas con discapacidad intelectual es cuestionada debido a la disminución percibida en el compromiso cívico y en su capacidad para organizarse y participar en la vida social cotidiana (FRA, 2017).
La Convención identifica distintas formas de eliminar y prevenir las barreras físicas, actitudinales, sociales y organizacionales para la ciudadanía activa y la participación en igualdad de condiciones en un contexto de rápidos cambios sociales y económicos y de concepciones cambiantes sobre la discapacidad en las sociedades europeas.
Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando aparecen las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en Europa. Además, promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa es uno de los cuatro objetivos educativos establecidos en el marco de la «Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea en educación y formación». Por otro lado, el desarrollo de las habilidades para las competencias ciudadanas es considerado por la Unión Europea como una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente (véase la recomendación de 22 de mayo 2018), lo que contribuye a la empleabilidad, a la realización personal, a la salud, a la participación en la vida pública y a la inclusión social. La recomendación define la competencia ciudadana como la capacidad de actuar como ciudadanos responsables y de participar plenamente en la vida cívica y social; está basándose en la comprensión de las estructuras y conceptos sociales, económicos, legales y políticos, así como en la evolución global y la sostenibilidad.
Como resultado, no es exagerado hablar de un cambio de paradigma en relación con la participación de las personas con discapacidad intelectual: del «paradigma de la integración» al «paradigma de los derechos de las personas con discapacidad» que incluye a todos en la lucha por una sociedad más justa y sostenible. Transformar la visión de las limitaciones hacia la...